jueves, 19 de enero de 2017

Incentivos, ética y conducta de las personas y las empresas

Los códigos de conducta y la autorregulación están experimentando una intensa fase de revisiones en el sector sanitario, la industria farmacéutica y la tecnología asociada a la salud. Es obvio, que el incremento de la demanda social de transparencia y comportamientos éticos, además de los avances legislativos lo hacen necesario. No obstante, como ya se recogiera en el documento de posicionamiento de la Organización Internacional de Empleadores en 1999, adoptada por el Consejo General de la OIT, lo importante no es el contenido del Código sino la conducta de las empresas, ya que las empresas que disponen de códigos no son necesariamente “mejores” que las que carecen de ellos.

Fuente: elaboración propia (M.A. Moyano). Nota: Farmaindustria editó con anterioridad un CBP en 2014.

Las novedades más destacables en los diferentes códigos que conciernen a las empresas que operan en nuestro país en el sector sanitario, se refieren al patrocinio de actividadesrelacionadas con la formación, participación en eventos y congresos, apoyo a la investigación y contratación de profesionales sanitarios y afines como consultores y asesores para las empresas.

Sería ingenuo pensar que el principio de separación ha estado omnipresente en las relaciones industria y profesionales
En particular, el hecho de que dichas aportaciones que venían realizándose hasta ahora de forma directa con el profesional, solo podrán realizarse de forma indirecta a través de las organizaciones sanitarias, lo que se conoce como patrocinio indirecto, a excepción de la contratación de consultores que, no obstante, hay obligación de informar a la institución.

De este modo se pretende avanzar en el principio de separación que dice textualmente: “Las relaciones entre la industria y los profesionales / organizaciones de salud no deben comprometer en ningún caso la autonomía e imparcialidad de ninguno de ellos, generar ventaja en las decisiones y procedimientos de compra ni fomentar recomendaciones”El Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria introduce, así mismo, modificaciones relativas a la prohibición de entregar obsequios por parte de la industria a los profesionales sanitarios y la obligación de publicar los pagos realizados por servicios de consultoría a los mismos entre una amplia batería de medidas de transparencia.

INFLUENCIAR AL COMPRADOR
Las decisiones de compra siempre debieron estar basadas en criterios técnicos, de coste eficacia y eficiencia, y obviamente de un adecuado balance de impacto en el presupuesto y resultados en salud. Y de ese modo se han tomado la mayor parte de las decisiones a lo largo de los años en el sector. No obstante, sería ingenuo pensar que el principio de separación ha estado omnipresente en las relaciones industria y profesionales sanitarios, cuando todos sabemos que no ha sido así.

Los incentivos fuertes asociados a resultados económicos es posible que propicien una desconexión con el sistema de valores de la empresa
La característica competitividad en el sector y el hecho de que el sistema público de salud se convierta en cliente único de la mayoría de las empresas, más un débil o inexistente sistema de vigilancia, han propiciado y probablemente siguen propiciando conductas no éticas, prácticas de colusión, conflicto de intereses, puertas giratorias, sobornos y un amplio abanico de actitudes y acciones en el marco de la búsqueda del lucro y el beneficio personal de quienes las realizan. También en el sector privado.

En octubre del año 2013, la Comisión Europea publicó un estudio titulado: Study on corruption in healthcare sectorque refleja con todo lujo de detalles la percepción, si no el conocimiento, de las prácticas que se llevan a cabo en materia de corrupción en el sector. A la pregunta "¿Piensa usted que el dar y recibir sobornos y el abuso de posiciones de poder para el beneficio personal están muy extendidos entre las personas que trabajan en el sector de la salud pública?" Nuestro país obtiene un destacado séptimo lugar, muy por encima de la media de la UE27, y solo por detrás de países como Grecia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Chipre y Bulgaria.

    

INCENTIVAR LA FALTA DE ÉTICA
En un artículo titulado: Las disfuncionalidades de los incentivos y la ética de los sistemas de control, de los profesores del IESE, Josep M. Rosanas y Natalia Cugueró en 2011, se puede leer: “cuando el sistema de incentivos llega a ser tan poderoso que las personas acaban haciendo (consciente o inconscientemente) cualquier cosa para conseguir las recompensas propuestas, no tenemos ninguna garantía de que se consigan los objetivos reales a largo plazo de la organización (incluso en casos extremos su supervivencia) ni de que éstos (y el comportamiento que se sigue) sea ético.  Y añaden los autores, que las empresas que han propiciado los mayores escándalos de corrupción no carecían de sistemas de control ni probablemente de códigos de conducta, pero sí que con frecuencia compensaban a los directivos con elevados incentivos (por lo general económicos).

La regeneración ética no parece que pueda venir exclusivamente de un incremento de los sistemas de control
Los incentivos fuertes, en términos de porcentajes de la remuneración total, asociados a resultados económicos es posible que propicien una desconexión con el sistema de valores de la empresa y del sector. Y no hay que olvidar, en un contexto de presión sobre el empleo y la competencia interna, que la amenaza de perder el trabajo ante la falta de cumplimiento de los objetivos económicos de la empresa podría actuar como driver de activación a la hora de justificar cualquier medio o acción, incluida la falta de ética, como mecanismo de defensa y supervivencia.

La regeneración ética no parece que pueda venir exclusivamente de un incremento de los sistemas de control y, aún menos, de la autoregulación. La relación de agencia entre propietarios y directivos enfocada en el corto plazo y la maximización de beneficios recompensada con altos incentivos actuarían como drivers en la dirección contraria. Adicionalmente a los sistemas de incentivos fuertes de carácter económico, que no deberían ser el motor principal de la acción directiva, parece preciso introducir sistemas de control informal. El sentido de pertenencia, de logro a largo a plazo acordes con la visión y los valores de la organización y de salvaguarda de la reputación y la imagen corporativas, deberían igualmente ser parte esencial de la recompensa por el trabajo realizado.     

miércoles, 11 de enero de 2017

Informes de sostenibilidad: transparencia vs obligación


El pasado 6 de diciembre de 2016 entró en vigor la Directiva Europea 2014/95/UE relativa a la divulgación de información no financiera y diversidad, que es una modificación legislativa de la Directiva 2013/34/EU sobre los estados financieros anuales, consolidados e informes afines de cierto tipo de empresas y organizaciones.

Más allá de las características de aquellas entidades que se ven concernidas a informar de los aspectos sociales y medioambientales entre otros, y que pueden consultar en la Directiva, conviene señalar que es una demanda creciente de la sociedad para todo tipo de empresas e instituciones, también respecto de las sanitarias en sus diferentes niveles.

Desde que en el año 2000 se lanzara uno de los marcos o guías internacionales más utilizados, The Global Reporting Initiative (GRI), su crecimiento ha sido incuestionable. Solo en la primera década de siglo más de 1.200 organizaciones registraron en la base de datos GRI sus informes. En la actualidad, el número supera las 2.000, entre ellas algunos hospitales españoles de tercer nivel y empresas proveedoras del sector.



Pero no solo de GRI se construye la información social y medioambiental, otros modelos como el informe integrado también ganan cuota y se consolidan en el panorama de los informes no financieros. Y quizá, la especialización por sectores haga posible un modelo de reporte específico para las instituciones sanitarias en un futuro no muy lejano. La Directiva 2014/95/UE representa un avance incuestionable en la necesidad de que las empresas ofrezcan mayor transparencia a sus grupos de interés, pero deja abierta algunas puertas a la falta de transparencia que las empresas harían bien evitar.


EVITAR LA ESTRATEGIA "SALIR DEL PASO"

Uno de los puntos más cuestionables es el apartado sobre subsidiarias que operan en España y cuyas matrices internacionales ya reportan sus impactos sociales y medioambientales. En este caso, las subsidiarias no están obligadas a reportar en el país en el que desarrollan su actividad según la Directiva 2014/95/UE. Un punto bastante controvertido por lo que conlleva de posibilidad precisamente de no informar localmente. Sin embargo, la sociedad y en especial los grupos de interés de esas empresas tienen el derecho y la opción de reclamar esa información, y pedirles que reporten con honestidad y transparencia sobre sus impactos en nuestro país.


El sector sanitario avanza en la especialización de la responsabilidad social y ello requiere información de calidad

También la Administración Sanitaria puede poner el punto de mira en esta necesidad, especialmente en materia de licitaciones. Es difícil asumir que las principales empresas internacionales del sector sanitario en España se conformen con un documento en inglés en el que poco o nada se dice de los impactos de su actividad en el lugar en el que venden sus productos y obtienen sus beneficios.

El sector sanitario avanza en la especialización de la responsabilidad social y ello requiere información de calidad sobre aspectos relacionados con indicadores materiales. Las empresas que operan en España, y más aún en el sector público, deberían rendir cuentas sobre aspectos esenciales como la gobernanza, prácticas laborales, diversidad, fiscalidad, medioambiente o derechos humanos entre otros. 
 

EVITAR DAR EXPLICACIONES

La Directiva incluye una cláusula adicional en esta misma línea, llamada “report or explain”, que hace posible que aquellas organizaciones que carezcan de políticas específicas en cuestiones clave y no informen sobre ellas, por ejemplo, diversidad e igualdad de género, simplemente den una explicación de por qué no se ocupan de ese asunto.

Hay que señalar por otro lado, que son los órganos de gobierno los encargados de asegurar que tanto los contenidos como las metodologías utilizadas sean solventes y fidedignas. ¿El problema? Que con demasiada frecuencia los órganos de gobierno de las empresas solo ven la necesidad de que la cuenta de resultados del trimestre acabe donde han puesto el objetivo. Sin embargo, como ya se ha mencionado en innumerables artículos y documentos, la sostenibilidad y el corto plazo son conceptos antagonistas que suelen propiciar soluciones de urgencia.    
 

La legitimidad tiene un valor total, también económico, superior al profit de un ejercicio

No cabe duda de que lo que muchos entienden por “ser prácticos” pudiera pasar por soluciones de “mínimos”, también en materia de reportes e informes para los grupos de interés. Sin embargo, la estrategia podría no funcionar a medio plazo. Lamadurez social y sectorial y el apoyo de las administraciones y algunas patronales están ampliando el foco en la necesidad de incrementar la imagen y reputación de la actividad industrialen el sector sanitario.

La legitimidad tiene un valor total, también económico, superior al profit de un trimestre o un ejercicio, ya que está relacionada con el ciclo de vida de la empresa y sus expectativas de supervivencia y crecimiento, y no solo con la coyuntura de la cuenta de resultados. Por ese motivo si hay que hacer un informe no financiero a tenor de la nueva Directiva, lo mejor es hacerlo en vez de parecerlo.  

miércoles, 4 de enero de 2017

El Hospital y la comunicación en Responsabilidad Social


Las estrategias y acciones de responsabilidad social incorporadas en la comunicación institucional del hospital pueden significar una diferencia apreciable de competitividad y reputación atribuida por los pacientes, la administración sanitaria y los proveedores, por citar solo algunos grupos de interés, respecto del centro sanitario. De hecho, la responsabilidad social juega cada vez más un papel relevante en la comunicación y ello se debe, al menos en parte, a su relación con elementos fundamentales a transmitir por una organización sanitaria. Carmen Costa Sánchez, señala en su libro cuatro aspectos o temas clave a considerar en la comunicación de un hospital: 1) el hospital que se comunica es un hospital feliz, 2) la comunicación externa del hospital, 3) la comunicación interna del hospital y 4) comunicación interpersonal. Comunicación con el usuario.


La Unión Europea define la responsabilidad social de las empresas por sus impactos en la sociedad

Es evidente que las estrategias internas y externas de comunicación correlacionan con la posibilidad de mantener un adecuado diálogo con los grupos de interés, incrementar latransparencia y fomentar la participación y la relación con la institución por parte de los profesionales y los pacientes. Medina Aguerrebere en su artículo titulado La Responsabilidad Social Corporativa en hospitales: un nuevo desafío para la comunicación institucional señala: La Responsabilidad Social hace referencia a todas aquellas acciones que emprende un hospital que desea ser percibido como una organización responsable”. El autor propone un nuevo concepto de responsabilidad social que se adapte al hospital con base en tres elementos principales: 1) valor prioritario de la comunicación interpersonal 2) protagonismo del paciente y 3) compromiso con el conocimiento científico.
 

MÁS ALLÁ DEL CÓMO ¿QUÉ COMUNICAR...? ESA ES LA CLAVE

Las técnicas de comunicación y los canales a utilizar, la intención de incrementar la reputación y la transparencia, y la participación de los grupos de interés son elementos esenciales. No obstante, cabe señalar que estos aspectos se encuadrarían en el ámbito del cómo, fundamentalmente, y quizá sería necesario añadir el qué debería comunicar un hospital en materia de responsabilidad social. En este sentido, Donna Wood en 1991 en su artículo Corporate Social Performance Revisited proponía un modelo de Responsabilidad Social basado en principios, procesos y resultados: el CSP (Corporate Social Performance). La propuesta se centra en aspectos tanto positivos como negativos que resultan de las interacciones de las organizaciones con su entorno extendido, incluidas las dimensiones sociales, legales, culturales, políticas, económicas y naturales. 


El modelo del Corporate Social Performance.

El CSP se refiere a la gestión de los impactos de una organización sobre su entorno. Y hay que señalar en este punto que la Unión Europea, en su estrategia renovada 2011-2014, definía la responsabilidad social de las empresas por sus impactos en la sociedad. En la práctica el CSP puede ser considerado como una extensión de la RSE, centrada en los resultados conseguidos, más que en una noción general de cuestiones relativas a rendición de cuentas o de acciones y actividades ante la sociedad. Una RSE empírica, con los pies en el suelo, cercana a las actividades que el hospital puede llevar a cabo para mejorar sus impactos y alejada de posiciones ideológicas y teóricas a menudo con fines instrumentales para conseguir objetivos ajenos al desempeño de la organización de una forma adecuada.

El performance del hospital es por lo tanto en el CSP la cuestión central, en una secuencia que se define a través de principios, procesos y políticas y sus orientaciones filosóficas, institucionales y organizativas. La sociedad demanda resultados positivos y las acciones de las organizaciones deben tener ese reflejo práctico, medible a través de indicadores comparables y capaces de demostrar un desempeño orientado al desarrollo sostenible, esa es la cuestión de fondo de la responsabilidad social.  
 

LA IMPORTANCIA DE UN MODELO DE GESTIÓN

Los hospitales, y en particular los de mayor tamaño, tienen una larga tradición en la implementación y uso de los sistemas de gestión más comunes: calidad, medio ambiente y seguridad laboral y conocen las ventajas y beneficios asociados. La responsabilidad social en el hospital precisa de implementaciones estratégicas, basadas en los asuntos identificados como relevantes mediante el diálogo con los grupos de interés y la elección de indicadores.


Queda camino por andar, sobre todo en materia de definición de interlocutores clave y metodología
En la comunicación actual de los hospitales es frecuente observar las fórmulas importadas de otros sectores, basadas en acciones puntuales: colaboraciones con otras entidades, acciones de sensibilización, campañas a favor de una enfermedad en concreto etcétera. Queda camino por andar, sobre todo en materia de definición de interlocutores clave o grupos de interés, metodología y determinación de asuntos a considerar en lo económico, social y medioambiental y la elección de indicadores para dar seguimiento a los impactos de la actividad. Hecho esto, la comunicación del hospital tomando como referencia la política de responsabilidad social podrá centrarse en el qué con fundamentos técnicos y, con toda probabilidad, tendremos hospitales más eficientes como organizaciones, más allá de los resultados en salud que, obviamente, son el objetivo prioritario.     

jueves, 29 de diciembre de 2016

MeFio de los Hospitales (Merco reputación)


Acaba de ser presentado en Madrid el Monitor de Reputación Sanitaria de Merco, que entre sus mediciones clasifica la reputación de los hospitales en España, públicos y privados, y añade un ranking por especialidades. Este año vuelve a aparecer en primera posición el Hospital Universitario La Paz de Madrid entre los hospitales públicos, y como ascensos sorprendentes destacan los del Hospital Universitario Doctor Peset (Valencia) desde la posición 65 a la 15 o el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) desde la posición 49 a la 16 entre otros. Es obvio, que algo muy diferencial han debido hacer estos centros para superar a decenas de hospitales en su nivel de reputación en un solo año.

No aparecen variaciones tan significativas entre los hospitales privados, salvo el caso del Hospital Universitario Quirón Dexeus, que asciende desde la posición 27 al número 13. El número 1, entre los privados y con diferencia de puntos apreciable sobre los siguientes, es la Clínica Universidad de Navarra.
 

Los hospitales que más han escalado en el 'ranking'. (Merco)
 
Merco comercializa los informes de forma individualizada para aquellos centros interesados en conocer el proceso de medición, por lo que no es público y no tenemos acceso completo al sistema y la metodología empleada para las clasificaciones y razones que fundamentan las variaciones en cada hospital concreto. No obstante, conocemos que en el estudio Merco se valoran resultados económico financieros, calidad de producto o servicio, cultura corporativa y calidad laboral, ética y responsabilidad social corporativa, presencia internacional y capacidad de innovación entre otros aspectos.

Revisando publicaciones encontramos algunas herramientas para la elaboración y validación de cuestionarios para medir la reputación de los hospitales, y quizá, pudieran servir de orientación al lector sobre estos procesos de medición. En el año 2012, Navarro, Mira y Lorenzo publicaron un artículo en Gaceta Sanitaria titulado: “Desarrollo y validación de un cuestionario para medir la reputación de los hospitales”.

El trabajo se centra en la perspectiva de ciudadanos y pacientes. Los autores señalan que la reputación de un hospital es: el resultado de combinar solidez como organización, respeto y consideración hacia el cliente (paciente en el caso de un hospital) y sus allegados, empleados, proveedores y otros grupos de interés...” Además de aspectos relacionados con la calidad percibida, innovación y su ética y responsabilidad social (económica, laboral y medioambiental). Cabe señalar que la reputación de un hospital está relacionada con su capacidad para desarrollar competitividad e innovación, atraer talento y recabar recursos necesarios para su desarrollo. El cuestionario de estos autores mide la reputación desde el punto de vista de los ciudadanos y pacientes.


¿QUÉ SE MIDE EN LA REPUTACIÓN DE UN HOSPITAL?

En el proceso llevado a cabo para la elaboración del cuestionario MeFio se consideraron una serie de dimensiones asociadas a la reputación, procedentes de la revisión de artículos publicados entre 2007 y 2010 en cualquier idioma. Las dimensiones de la reputación social de un hospital identificadas fueron las 7 recogidas en la siguiente tabla y posteriormente fueron condensadas en 5.  

 
Adicionalmente, se añadieron una serie de subdimensiones relacionadas con las principales para la elaboración del cuestionario, que se presentó con 21 preguntas a una amplia muestra de ciudadanos y pacientes y dio como resultado 343 documentos válidos con los siguientes datos:
 
 
Realizando un ejercicio sencillo de agrupación de aquellos aspectos relacionados de un modo u otro con la responsabilidad social y sus resultados, se pueden identificar tres bloques en los que se aprecia, prima facie, dicha correlación: 1) un bloque relativo a la relación con el paciente que podríamos encuadrar, al menos en parte, en el ámbito de la humanización, 2) un bloque en la órbita de la confianza en el hospital y sus profesionales percibida por el paciente y 3) un bloque relacionado con la calidad asistencial, la innovación y el respeto por el medioambiente.

Algunas conclusiones que podemos extraer; en primer lugar, que los asuntos relacionados con el trato recibido en la experiencia hospitalaria, la relación con el profesional, el respeto y la orientación al paciente son valorados con altas puntuaciones a la hora de elegir hospital. En segundo lugar, que la percepción de las instalaciones e infraestructuras obtienen medias inferiores a las obtenidas por el primer bloque y, finalmente, que es mejorable la sensación percibida de que sea relevante el cuidado del medioambiente en el hospital, se innove o que se tenga una buena organización. Con todo, lo que afecta a la decisión con menor puntuación es la gestión de las listas de espera y los tiempos relacionados con las mismas. Hay que considerar, no obstante, que el trabajo se realizó con supuestos hospitales y pacientes potenciales.  
 

PERO... ¿POR QUÉ IR A UN HOSPITAL Y NO A OTRO?

Para la mayoría de los ciudadanos esta es una decisión que no suelen plantearse porque simplemente son derivados desde Atención Primaria al centro hospitalario de referencia. En el año 2004, en un artículo titulado “Determinantes de la elección del hospital por parte de los pacientes”se apuntaba que solo un pequeño porcentaje deseaban ser ellos mismos quienes asumieran la responsabilidad de tomar la decisión de elegir el hospital al que ir, especialmente en procesos graves. Sin embargo, en situaciones no percibidas como graves o muy graves; las condiciones de estancia y el ser cortésmente tratado, la comodidad y el bienestar son los factores determinantes de la decisión.


Percepción de los pacientes sobre el hospital La Paz. 
 
La Paz, según el ranking de Merco es el hospital número uno en nuestro país, entre los hospitales públicos analizados. En su página web podemos ver algunos datos relevantes como que el trato de los profesionales a los pacientes supera el 90% de satisfacción y que tienen un altísimo grado de recomendación cercano al 100%. Si miramos sus manifestaciones sobre responsabilidad social encontramos lo siguiente en su página web: “El compromiso del hospital con la RSC establece el compromiso de respeto a valores como honradez, lealtad, transparencia, legalidad, profesionalidad, confidencialidad, equidad y cultura socialmente responsable. De esta manera, nos permitirá ser una organización que satisfaga las expectativas de los diferentes grupos de interés incluidos los trabajadores, contribuyendo a un desarrollo social y ambientalmente sostenible a la vez que económicamente viable”. El documento completo sobre su política de responsabilidad social lo pueden descargar en su web. 

sábado, 24 de diciembre de 2016

La inequidad crónica en salud


5 de octubre de 2018. Es la fecha límite que fijó el Gobierno para que finalice el proceso de renovación de las tarjetas sanitarias, que deberán ser interoperables en todo el territorio nacional a partir de entonces. Tras décadas de intentos fallidos, el Real Decreto 702/2013, que modificaba otro de 2004, fijó por fin un marco temporal para la implantación de unos requisitos comunes en todas las tarjetas sanitarias de las comunidades. Esto debería permitir, por fin, compartir las recetas electrónicas y el historial clínico entre todos los servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), como prevé el Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero del dicho al hecho hay un trecho.


La interoperabilidad está muy lejos de cumplirse

Hoy por hoy, algunas comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Cataluña siguen sin tener tarjetas que se ajusten a la normativa. Fuentes ministeriales aseguran que llegarán en plazo, pero esto no quiere decir que el resto de comunidades compartan ya datos de los pacientes. La interoperabilidad, que debería ser el verdadero objetivo del ministerio –de poco sirve tener tarjetas compatibles si no hay ninguna información que compartir–, está muy lejos de cumplirse y, de hecho, pocos creen que vaya a ser una realidad en solo dos años.

Es en época vacacional cuando con más gravedad se manifiestan los problemas derivados de la descoordinación entre los sistemas sanitarios de las distintas comunidades autónomas. Como ha recordado el Defensor del Pueblo, la implantación de una receta electrónica compartida por todos los servicios de salud es fundamental para que los ciudadanos puedan acceder sin problemas a los tratamientos y medicamentos que necesitan en sus desplazamientos temporales a una comunidad distinta de la que residen habitualmente.

A día de hoy, según datos del ministerio, el 83,3% de las dispensaciones de medicamentos por receta realizadas en el SNS se efectúan a través del sistema de receta electrónica. Sin embargo, solo Canarias y Extremadura cuentan ya con un sistema para que sus ciudadanos puedan utilizar las recetas electrónicas en las regiones donde ya esté implantada la interoperabilidad: esto es, Canarias y Extremadura.


Ana Mato durante la presentación de la nueva tarjeta sanitaria única, en 2012. (Europa Press)
UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD

No cabe duda de que la implantación de la tarjeta sanitaria única plantea problemas administrativos, políticos, económicos y meramente técnicos, pero como recordaba a Responsabilidad Sociosanitaria el Defensor del Pueblo, lo que está en juego no es solo la comodidad del paciente, sino también su seguridad.

“En época de vacaciones hay un porcentaje importante de personas de cierta edad que se desplazan del lugar donde viven habitualmente y pasan un cierto tiempo en su segunda residencia o donde vive su familia”, explica el portavoz del Defensor. “Muchas de estas personas tienen padecimientos crónicos, necesitan medicación de forma constante y tienen problemas para tener la continuidad de esa medicación”.


“Cada comunidad desarrolló su propio sistema y renunciar a este es difícil”

El Defensor recuerda que, en la actualidad, cada usuario está resolviendo el problema como buenamente puede: “En unos casos se extienden recetas manuales, lo que produce un uso inadecuado de los medicamentos y una acaparación de fármacos que no se conservan en las condiciones más óptimas. En otros casos la gente tiene que ir al médico para que le haga la receta, coger los fármacos en su comunidad de origen y volverse a ir. Parece poco racional que en la etapa en la que estamos, con un nivel de desarrollo de la informática muy potente, haga falta recurrir a estos sistemas un poco rudimentarios”.

Eso por no hablar de compartir la historia clínica, un proceso que está mucho menos avanzado que el de la receta electrónica. “Muchas veces el que tu conozcas qué tipo de medicación tiene un paciente esté en la Comunidad Autónoma que esté va a facilitar la seguridad”, recuerda a Responsabilidad Sociosanitaria Rafael Rodríguez, tesorero de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad. “Por suerte o por desgracia podemos enfermar en cualquier sitio. Es un tema preocupante. Se está trabajando en él, pero yo diría que no va con la rapidez con la que tiene que ir. En su momento cada uno desarrolló su propio sistema y renunciar a este es difícil porque representa dinero”.


Disposición de la información en la tarjeta única, tal como la regula el Real Decreto.

CÓMO PONER DE ACUERDO A 18 SERVICIOS

La palabra “crisis” resuena cada vez que se habla de la implantación de la tarjeta sanitaria única. El propio Gobierno añadió en el Real Decreto que regula su unificación un apunte que no se incluyó en los primeros borradores del mismo: el proceso de renovación de las tarjetas “estará finalizado antes de cinco años”, apunta la ley, “siempre que las disponibilidades presupuestarias de las diferentes administraciones públicas competentes lo permitan”. ¿Se trata de una estrategia del ministerio para lavarse las manos si las cosas salen mal?


“Cuando hay un conflicto lo resuelven las comunidades, pero eso lo debería gestionar el ministerio”

Sí al menos en opinión de Antonio Cabrera González, secretario de la Federación de Sanidad de CCOO, que asegura que la cartera que dirige –por ahora– Alfonso Alonso no está ejerciendo el liderazgo que debiera en todo este proceso.

“Cuando hay un conflicto lo resuelven las comunidades, pero eso lo debería gestionar el ministerio, que tiene una comisión de calidad que dice que aunque haya 18 servicios de salud el sistema es único, y todo el mundo tiene derecho a ser atendido de la misma forma en cualquier lugar de España”, asegura Cabrera a Responsabilidad Sociosanitaria. 

Los sindicatos no son los únicos que critican la dejadez de Sanidad en este asunto. Las comunidades que más han avanzado en la interoperabilidad de sus tarjetas aseguran que el ministerio ni siquiera se ha pronunciado sobre cuestiones básicas, como el uso de banda o chip a la hora de compartir las recetas.


El ex consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Hernández Carrón, durante la presentación de la nueva tarjeta de su comunidad. (gobex.es)

En declaraciones a Responsabilidad Sociosanitaria, fuentes del Gobierno de Extremadura,aseguran que su programa piloto de Receta Electrónica Interoperable con Canarias se ha realizado sobre la banda y no con el chip, ya que no todas las comunidades disponen de este y el ministerio no se ha pronunciado sobre su uso.

“La ventaja [del chip] es evidente; aparte de tener la información en un soporte más duradero, también tendríamos unificado el proceso y mejorarían los procesos de lectura”, explica un portavoz de la Consejería.

“Una vez terminado este pilotaje entre Extremadura y Canarias, el SNS prevé que el resto de comunidades se vayan sumando a él y, a finales de este año, esté en el 90% de las regiones. Mi opinión personal es que no va a ser así, habida cuenta de los diferentes estados de desarrollo que hay en el resto de comunidades”, concluye el portavoz extremeño.


¿QUÉ HAY DE LA PRIVADA?

El proyecto del ministerio tampoco contempla en ningún momento que las recetas y las historias se compartan entre centros públicos y privados. Un detalle no sin importancia, habida cuenta que muchos usuarios del SNS son atendidos en centros concertados.


“La titularidad debe ser lo menos importante”

“Si van a utilizar datos de la propia administración tendrán que tener el mismo sistema digital,porque si no ¿cómo se pasa toda esa información a esa empresa y después al sistema público?”, apunta el secretario de la Federación de Sanidad de CCOO. “Tú imagina a una persona que llega a la pública, allí no le pueden atender, le pasan a concertada y todo este informe médico ¿dónde está? No está en común. Si vuelve a la pública y se le hace la rehabilitación en la pública hay un trasiego de información que se podría evitar implantando un sistema único”.

El asunto no ha pasado desapercibido entre los operadores de salud privados, que reclaman ser incluidos en el sistema. “La sanidad privada también forma parte del SNS porque realiza un 30% de la actividad sanitaria del país y deberíamos estar también dentro de ese identificador único”, asegura Manuel Vilches, director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).

Tal como ha explicado Vilches a Responsabilidad Sociosanitaria, la Sanidad Privada estaría encantada de participar en un proyecto en el que se pusiera la información a disposición de todo el mundo, pero el ministerio no ha contado con ellos en ningún momento, pese a que ya están trabajando por la interoperabilidad entre sus centros.

“La titularidad debe ser lo menos importante en este caso”, insiste Vilches. “Aprovechemos todos los recursos y pongámonos a trabajar todos juntos para que el paciente tenga las menores dificultades posibles. Yo ahora me voy de vacaciones y no hay manera de que el médico que me atiende allí, ya sea público o privado, tenga acceso a mis datos. En el siglo XXI me parece que tenemos herramientas para tenerlo resuelto. Es algo absolutamente irracional”.  


La receta electrónica es una realidad en casi toda España, pero no funciona entre comunidades. (M. A.)

SISTEMA ¿NACIONAL? DE SALUD

Aunque la implantación de la tarjeta única –y con ella la receta y la historia clínica compartida– plantea importantes dificultades técnicas, hay quien cree que el gigantesco retraso y su implantación tiene más que ver con cuestiones económicas.

“Algunos pueden vestirlo de cuestión política pero el problema es estrictamente económico. Hay que hacer sostenible el sistema de salud, y Cataluña o Andalucía, aquellas comunidades que son más receptoras, piensan que tiene que haber un sistema de compensación que no existe”, explica Cabrera. “Tienen un presupuesto inicial basado en gasto por habitante y eso se rompe con el trasiego de personas entre comunidades. Debería haber un fondo estatal reservado para cubrir esas deficiencias. Hay voluntad política de hacerlo, pero hay comunidades que van más retrasadas que otras y al 2018 con casi total seguridad no se va a llegar”.


“Hay comunidades como el País Vasco
que ni siquiera han manifestado interés por este proyecto”

Por el contrario, desde el Defensor del Pueblo consideran que precisamente lo que falta es voluntad política: “Esto es un proyecto que se pone en marcha desde el ministerio y algunas comunidades son más activas y otras menos. Me podría creer que hay una falta de voluntad del ministerio pero hay tres CCAA que han llegado a la fase superior y hay otras comunidades como el País Vasco que ni siquiera han manifestado interés por este proyecto”.

Ya sea una cuestión política o económica –no hace falta recordar que ambas cuestiones siempre van de la mano– no cabe duda de que el proyecto para que los datos básicos de los pacientes estén disponibles en todas las comunidades autónomas sigue sin ser una realidad y nada apunta a que lo sea en el plazo acordado.

Los políticos se echan la culpa entre sí de este fracaso, pero el paciente es, de nuevo, el que paga el pato. “Si entra un señor con un ataque en un servicio de urgencias lo interesante es que se pueda consultar su historia clínica, ya sea de Madrid o de Almería”, recuerda el Defensor del Pueblo. “El perder un tiempo en saber cuál es el historial clínico de ese paciente es muy relevante en algunos casos. Lo que pretendemos es que el Sistema Nacional de Salud sea nacional y sea de salud”. Una aseveración que parece obvia, pero está mucho más lejos de cumplirse de lo que pudiera parecer.

Artículo de Miguel Ayuso en Responsabilidad Social Sociosanitaria

jueves, 22 de diciembre de 2016

Responsabilidad Social y Legitimidad


Para ser competitivos y tener esperanzas de sobrevivir en entornos y mercados cada vez más exigentes las organizaciones necesitan acceder a un número elevado de recursos, muchos de los cuales, son intangibles. Entre ellos, destacan la buena reputación, la imagen, el prestigio de marca o el conocimiento y la capacidad para innovar. Sin embargo, un aspecto sobre el que suele prestarse una atención quizá solo parcial, es la legitimidad. Un atributo de la organización que se construye mediante la observación de las normas, el reconocimiento de las demandas sociales y la coherencia en las actuaciones. De esta forma, parece acreditado, se llega a ser una entidad que la sociedad quiere que exista y perdure.
 
En un artículo publicado en 2014 por Díez Martín y otros autores de la Universidad Rey Juan Carlos, titulado: Efecto de la Responsabilidad Social Empresarial sobre la legitimidad de las empresas, se ofrecen las definiciones de varios autores sobre el concepto y el proceso de construcción de la legitimidad. Personalmente la definición que mejor me encaja es la de Suchman: “La percepción generalizada o asunción de que las actividades de una entidad son deseables, correctas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y definiciones”. Los autores proponen como ruta del proceso de construcción de la legitimidad el siguiente esquema: 


Díez F, y otros autores.

Una secuencia lineal dividida en dos partes que irían desde la estrategia de construcción de la legitimidad hasta su logro, y de este al acceso a los recursos que garanticen la supervivencia de la organización. Los autores proponen tres hipótesis en la realización de su investigación, que pretende correlacionar legitimidad y responsabilidad social. La tercera hipótesis que plantean es que “La RSE se encuentra positivamente relacionada con la legitimidad empresarial”. Los resultados del estudio muestran que la hipótesis se confirma y que un incremento de las acciones positivas en RSE correlacionan con un incremento de la legitimidad de la organización. A la luz de estos resultados cabe preguntarse cómo lo están haciendo las empresas en el sector sanitario. Y, adicionalmente, merece una reflexión sobre qué resultados y acciones de la sociedad y los reguladores se están obteniendo como consecuencia de las actuaciones empresariales.      


LEGITIMACIÓN INSUFICIENTE, REGULACIÓN CRECIENTE

Las empresas del sector sanitario tienen, probablemente, una mayor necesidad de legitimidad y reconocimiento social debido al ámbito de actividad en el que actúan. El hecho de que sus beneficios se obtengan de la venta de productos y servicios para “curar o cuidar” a las personas, no parece favorecerlas “a priori”, dado que el común de los ciudadanos parece entender que la sanidad es “gratis” porque la pagan los gobiernos (un error incentivado por la comunicación política), que hace que el lucro se vea cuestionado cuando no directamente criticado. A menudo se olvida que el sostenimiento del sistema sanitario, no solo no es gratis, sino que requiere de un considerable gasto e inversión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.


Las estrategias como el greenwashing podrían estar agotadas en un mundo globalizado

No obstante, si tomamos la industria farmacéutica como ejemplo, la construcción de la legitimidad pudiera tener retos aún por resolver. Pese a los esfuerzos en comunicación que realizan sobre actividades relacionadas con la acción social, la filantropía y acciones similares más en la órbita del marketing que de la responsabilidad social, la transparencia podría no ser un valor percibido. Cuando las empresas no incorporan la responsabilidad social a su estrategia corporativa, simplemente se nota. La falta de alineación de incentivos y objetivos hace que los directivos miren con desdén el hecho de que “sostenibilidad” y “corto plazo” sean conceptos antagonistas. La triple bottom line de una empresa no se mide en trimestres.      



Algunas de las consecuencias directas de la falta de transparencia es la perdida de legitimidad, y de ello se deriva en parte la dificultad para competir, acceder a los recursos siempre escasos, mejorar la relación con los grupos de interés o tener un nivel de regulación adecuado. Las sociedades modernas exigen un alto nivel de transparencia a las empresas y, como es lógico, conviene no confundir transparencia con comunicar lo que la empresa cree que la sociedad desea que se le diga. No hay atajos y las estrategias como el greenwashing podrían estar agotadas en un mundo globalizado y con acceso a formación e información crecientes.


Gráfico de 'California Management Review' 

La coherencia debería ser el driver que impulse la percepción positiva de la sociedad respecto de la empresa, antes que los esfuerzos de los departamentos de comunicación por mostrar acciones encaminadas a aparecer de repente en la escena como los buenos de la película. En el fondo de la cuestión, también hay una necesidad de mejor comprensión de las estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social. Hay que ir más allá de las carreras solidarias de empleados el día de una determinada enfermedad, de los programas de voluntariado, las donaciones y las campañas de sensibilización, acciones todas ellas deseables y de agradecer, pero insuficientes. La responsabilidad social no es un mapa de acciones encuadradas en el supuesto buenismo de las empresas, es una forma de entender la gestión empresarial y de llevarla cabo.